Una nueva medida de fuerza busca visibilizar el deterioro de la educación superior.

El 17 y 18 de marzo de 2025, las Universidades públicas de Argentina fueron el escenario de un nuevo paro nacional de 48 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Esta coalición, que agrupa a los principales gremios de docentes y trabajadores nodocentes del país, decidió la medida ante el fuerte deterioro salarial y el preocupante desfinanciamiento de la educación superior pública.

El principal reclamo radica en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, una problemática que se profundizó en los últimos meses. Según el último informe del INDEC, la inflación de 2024 fue del 117,8 %, y la interanual alcanzó el 66,9%, mientras que los aumentos salariales otorgados se ubican muy por debajo de esa cifra. Los gremios universitarios alertan que la pérdida del poder adquisitivo ronda el 60% y señalan que los aumentos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias fueron y son insuficientes: en enero se concedió un 1,5% y en febrero apenas un 1,2%. Con una inflación acumulada que supera ampliamente esos valores, los trabajadores universitarios advierten que sus ingresos han sufrido una merma alarmante. Esta situación no solo afecta a docentes y trabajadores administrativos, con sueldos en la mayoría de los casos por debajo de la línea de la pobreza, sino también a los estudiantes, quienes ven reducidas las posibilidades de acceder a una educación de calidad debido a la precarización del sistema.

Desfinanciamiento

A esto se suma el impacto del desfinanciamiento del sistema universitario. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, no se ha aprobado un presupuesto para 2025, lo que deja a las universidades sin previsibilidad financiera. El retraso en la actualización de los fondos destinados a gastos operativos genera incertidumbre y pone en riesgo el normal funcionamiento de las casas de estudio.

Otro punto clave del reclamo es el impacto de las políticas del gobierno en el sistema universitario. El ajuste en la educación pública, combinado con el aumento en los costos de vida, pone en jaque el acceso de miles de estudiantes a sus estudios. Becas desactualizadas, falta de inversión en infraestructura y la paralización de programas de investigación son algunas de las consecuencias que denuncian los gremios y la comunidad académica.

La educación superior es un pilar fundamental para la producción de conocimiento, innovación y desarrollo científico. Argentina cuenta con universidades de prestigio internacional, cuyos egresados y centros de investigación han hecho aportes significativos en diversas áreas del conocimiento. Sin un financiamiento adecuado, este sistema se ve amenazado, lo que compromete no solo el futuro de los estudiantes actuales, sino también el crecimiento del país a largo plazo.

Las universidades públicas en Argentina han sido históricamente un pilar fundamental para la movilidad social y el desarrollo del país. Con su carácter gratuito y público, garantizan oportunidades para cientos de miles de estudiantes de diferentes sectores sociales. El paro del 17 y 18 de marzo se enmarca en la defensa de este modelo y busca visibilizar la crisis que enfrenta el sector. La comunidad universitaria, integrada por docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores administrativos, se une en una misma consigna: la educación pública debe ser prioridad en cualquier modelo de país que aspire a la equidad y el progreso.

Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales han señalado que, de no haber respuestas por parte del gobierno, las medidas de fuerza podrían profundizarse en las próximas semanas.

La defensa de la universidad pública es una lucha que trasciende a los gremios y las aulas: es una lucha por el derecho al conocimiento, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del país en su conjunto.